Impuesto propuesto a compradores no comunitarios: estado, no ley

Qué puede y qué no puede decir esta guía

Los lectores preguntan por un impuesto dirigido a los compradores no comunitarios de vivienda en España. Payotte intentó leer el texto de la propia iniciativa parlamentaria. En una investigación anterior, el PDF del Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG) respondió 403, y el 15 de octubre un intento de abrir la página de iniciativas del Congreso devolvió también “Access Denied”. Payotte no sortea los bloqueos. Por eso esta guía no describe un tipo, una base imponible, una exención ni ningún otro detalle de un impuesto propuesto. Solo indica lo que puede leerse en el Boletín Oficial del Estado (BOE), incluido el propio Reglamento del Congreso tal como se publica allí. Si ves una cifra para este impuesto propuesto, comprueba de dónde procede: Payotte no la ha verificado.

Qué muestra el BOE el 15 de octubre de 2026

Payotte buscó en el texto del Real Decreto-ley 29/2026, el real decreto-ley de vivienda en vigor desde el 8 de octubre de 2026 y aún no convalidado por el Congreso, las expresiones “no residente” y “no residentes”: ninguna aparece, y el texto no contiene ningún impuesto sobre la compra por no residentes ni por compradores no comunitarios. Las reglas sobre compradores extranjeros que existen hoy se enumeran más abajo; ninguna es un impuesto sobre la compra por razón del origen del comprador.

La disolución de las Cortes

El Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre, publicado en el BOE del 6 de octubre de 2026 y en vigor ese día, dispone:

• Artículo 1: “Quedan disueltos el Congreso de los Diputados y el Senado elegidos el día 23 de julio de 2023.”
• Artículo 2: se convocan elecciones a ambas Cámaras, “que se celebrarán el domingo 29 de noviembre de 2026”.
• Artículo 5: las nuevas Cámaras se reúnen en sesiones constitutivas el 23 de diciembre a las 10:00 horas.

El artículo 207 del Reglamento del Congreso (texto actualizado por la reforma de 22 de julio de 2025, en vigor desde el 31 de julio de 2025) dice: “Disuelto el Congreso o expirado su mandato, quedarán caducados todos los asuntos pendientes de examen y resolución por la Cámara, excepto aquellos de los que constitucionalmente tenga que conocer su Diputación Permanente”. La Diputación Permanente asume las facultades de las Cámaras, de acuerdo con los artículos 86 y 116 de la Constitución, mientras estén disueltas (artículo 78.2). El artículo 86 se refiere a los decretos-leyes, no a nuevos impuestos.

En términos llanos: un proyecto de ley, o cualquier otra iniciativa que no hubiera completado su tramitación en el Congreso, no pasa a la legislatura siguiente. Una nueva legislatura puede recibir iniciativas nuevas, pero el proceso empieza de nuevo, y nada en los textos consultados dice que una propuesta caducada se reactive.

Por qué un impuesto necesita una ley

La Constitución (artículo 133.1) establece que “la potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley”, y el artículo 31.3 dice que solo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público “con arreglo a la ley”. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa (artículo 66.2). Un impuesto sobre los compradores no comunitarios necesitaría, por tanto, una ley aprobada por las Cortes y publicada en el BOE. Un anuncio del Gobierno, un programa electoral o una noticia de prensa no son un impuesto.

Un decreto-ley (artículo 86) es una vía distinta que el Gobierno puede utilizar en caso de extraordinaria y urgente necesidad; el Congreso debe entonces debatirlo y votarlo en el plazo de 30 días desde su promulgación, para convalidarlo o derogarlo. El real decreto-ley de vivienda del 6 de octubre de 2026 está a la espera de esa votación, y los resúmenes del BOE consultados no muestran aún ninguna convalidación. Ese real decreto-ley no contiene la medida de la que se habla aquí.

Qué se aplica hoy a los compradores no comunitarios

Estas son las normas estatales vigentes, ninguna de ellas un impuesto de compra ligado al origen:

• Los mismos impuestos de compra que para todos, fijados por comunidad (ITP, AJD o IVA); consulta la calculadora de gastos de compra.
• El impuesto sobre la renta de no residentes sobre el alquiler (24 % sobre la renta bruta para propietarios residentes fuera de la UE y del EEE) y sobre las ganancias (19 %); consulta británicos que compran vivienda tras el Brexit y la calculadora del impuesto de no residentes.
• El impuesto sobre el patrimonio, con un mínimo exento de 700.000 €, y el impuesto de solidaridad de las grandes fortunas por encima de 3.000.000 €, con representante obligatorio para los residentes no comunitarios; consulta el impuesto sobre el patrimonio de no residentes.
• Una declaración estadística para compras de no residentes superiores a 500.000 €, presentada después de la compra; consulta declarar una inversión extranjera.
• Autorización militar para los nacionales no comunitarios en zonas restringidas; consulta zonas militares.
• Límites de pagos en efectivo y constancia de los medios de pago en la escritura; consulta límite de pagos en efectivo.

Cómo seguirlo

Consulta el BOE (boe.es), sección I, para cualquier ley o real decreto-ley, y las publicaciones oficiales de las nuevas Cortes después del 23 de diciembre de 2026. Un cambio real aparecería como una ley o un real decreto-ley numerado, con una fecha de entrada en vigor. Hasta entonces, trata como no verificadas afirmaciones como “España ya grava a los compradores no comunitarios”. Antes de firmar, pregunta al notario qué normas se aplican en la fecha de la firma.

Qué profesional consultar

Un abogado colegiado en un colegio de abogados español o un asesor fiscal puede decirte qué normas se aplican en la fecha en que firmes; consulta los abogados inmobiliarios. Payotte no recomienda despachos ni da asesoramiento fiscal.